• La capital de las Islas Baleares será la primera ciudad española que permita únicamente el alquiler de viviendas unifamiliares a turistas

Está previsto que el próximo mes de julio entre en vigor la medida que prohibirá el alquiler de pisos y apartamentos turísticos en la ciudad de Palma, es decir, de viviendas que estén ubicadas en edificios plurifamiliares. Por tanto, solo se permitirá el alquiler a turistas de propiedades unifamiliares (casas alejadas y villas) siempre y cuando estas casas no estén en suelo rústico protegido, cerca del aeropuerto o en áreas de uso no residencial (por ejemplo, los polígonos industriales).

En agosto del año pasado, el Parlamento autonómico aprobó la reforma de la Ley general Turística, pero permitía al Ayuntamiento de Palma decidir qué barrios y zonas debían cumplirla. Ahora, el gobierno ha empezado a considerar toda la ciudad como una única zona, por lo que se va a prohibir el alquiler de pisos en todo el núcleo urbano.

Esta decisión la ha tomado el equipo de gobierno que forma PSOE, Més y Podem tras ver que, en Palma, solo 645 de las plazas de alquiler vacacional cuentan con licencia, de las 11.000 ofertadas que hay en la ciudad; esto supone que un 95% de la oferta es irregular. Sin embargo, hasta el mes de agosto pasado, las plazas sin licencia ascendían a 20.000, lo que se traducía en un aumento del 50% de pisos no reglados desde 2015 hasta 2017. La reducción del número se ha debido a las grandes multas, que podrían llegar a los 400.000 euros y que hicieron que se retirara una gran cantidad de anuncios de grandes plataformas de este tipo de alquiler.

Para proteger al residente

Por su parte, José Hila, teniente de alcalde de Urbanismo, ha declarado que, con esta medida, se pretende proteger el derecho de acceso a la vivienda para los ciudadanos locales ante la gran demanda de pisos turísticos.  A partir de unos estudios sobre los efectos del alquiler vacacional en Palma de Mallorca, se extrajo que casi la mitad de los apartamentos turísticos se alquilan con este fin en períodos de 7 y 8 meses, por lo que se impide el alquiler de larga estancia. Como consecuencia de esto, el precio de los alquileres residenciales ha aumentado en un 40%, colocando a Palma como la segunda ciudad española en la que más dinero gastan en la renta los arrendados, por detrás de Barcelona.

Por otro lado, también ha influido en la toma de esta decisión las quejas de los vecinos de Palma, que han presentado en la Consejería de Turismo un total de 192 denuncias por problemas con los inquilinos, 150 más que el año anterior.
Antoni Noguera, alcalde de Palma, ha resaltado la importancia de prohibir los alquileres de pisos en la ciudad y ha asegurado que esta decisión “marcará tendencia a la hora de entender la ciudad habitable”.

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