Tras dejar atrás un año de gran actividad en el sector y en el que se batieron todos los records: de llegada de turistas, de ocupación y uso de servicios de alojamientos vacacionales -así como un año record también en cuanto a producción legislativa (comunidades tan importantes en la industria como Baleares o Andalucía regularon las viviendas de uso turístico) y otras plantearon hacerlo- entramos de lleno en en 2018, año que se antoja decisivo para el sector del alquiler vacacional. En este sentido, ante la previsible avalancha de datos provenientes del cierre del año -2017- cabe dar un paso atrás y tomar distancia para analizar con detenimiento los asuntos más acuciantes para el sector del alquiler vacacional en este 2018 que ya ha empezado.

El 2018, un año cargado de novedades a las que hay que estar atentos

Llega el modelo 179 de Hacienda

Se anunció en diciembre del 2017 y su entrada en vigor esta prevista para julio de este año. Con este modelo, la Agencia Tributaria busca que las plataformas de alquiler vacacional entre particulares (tipo Airbnb o Wimdu) les cedan toda la información que posean sobre las viviendas que se publiciten en estos portales. Para Hacienda, estarán obligados a presentar el modelo 179 “las personas y entidades que presten servicio de intermediación entre los cedentes y cesionarios y en particular, las personas o entidades constituidas como plataformas colaborativas que intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información”. De este modo, la Agencia Tributaria pone el foco en las plataformas de alquiler vacacional tras el crecimiento exponencial experimentado por el sector en los últimos años.

La Comunidad de Madrid modificará el decreto 79/14 del 10 de julio por el que se regulan las viviendas de uso turísticos

La Comunidad de Madrid lleva meses trabajando en la modificación del decreto que regula la actividad de las viviendas turísticas en la comunidad y que a todas luces se ha quedado obsoleto. La norma, que entró en vigor en agosto de 2014 ya dispone de una versión modificada en borrador, no obstante en los últimos meses hemos asistido a como distintas asociaciones y colectivos, como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), presentaban toda una serie de alegaciones en contra de la norma. Según lo publicado en la web de la Comunidad de Madrid, y a la espera de que sigan llegando alegaciones, la modificación de la norma se articulará en los siguientes aspectos:

  1. Eliminar el requisito de contratación de viviendas de uso turístico por tiempo inferior a 5 días, en cumplimiento de lo recogido en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia nº 302/2016, de 2 de junio.
  2. Definir de manera más precisa el concepto de Canales de Oferta Turística, inexistente actualmente, clarificando que dichos canales, y por tanto las plataformas online, tienen la consideración de empresas turísticas quedando por tanto sujetas al régimen sancionador recogido en la Ley de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid.
  3. Crear el certificado de idoneidad para vivienda de uso turístico  (CIVUT) como documento técnico que pueda garantizar al usuario de la vivienda en la que va a alojarse que esta cumple unos parámetros determinados.
  4. Introducir de forma específica nuevas obligaciones a los titulares o propietarios en la gestión de su actividad, con la finalidad de mejorar la calidad turística y la seguridad ciudadana, como  disponer de hojas de reclamación, tener contratado un seguro de responsabilidad civil o establecer la obligación a los propietarios o gestores de remitir a la Dirección General de la Policía la información relativa a los usuarios de las viviendas de uso turístico, de acuerdo a la normativa nacional en materia de protección ciudadana.
  5. Recoger de manera expresa los derechos y obligaciones de los usuarios, con especial incidencia en este último caso al cumplimiento de las reglas básicas de convivencia cívicas.
  6. Introducir la posibilidad de prohibir la implantación de las viviendas de uso turístico en aquellas Comunidades de Propietarios cuyos Estatutos así lo recojan de forma expresa.
  7. Eliminar los actuales conceptos de “habitualidad”, el plazo mínimo de ejercicio de la actividad y la prohibición de que las viviendas de uso turístico no puedan cederse por habitaciones.

Entrada en vigor de la modificación del decreto 113/2015 del 22 de mayo por el que Canarias regula las viviendas vacacionales

Canarias, una de las comunidades autónomas más turísticas del país, modificó en octubre de 2017 el decreto que regulaba la actividad de viviendas turísticas en la isla. Aunque no sea una noticia del 2018, recogemos la información ya que será durante el 2018 cuando veamos los verdaderos efectos de la modificación. En este sentido, la actualización del decreto se centra en el Anexo 2 del Reglamento de las viviendas vacacionales y tiene como objetivo proteger la sostenibilidad del modelo turístico y territorial, la fragilidad del entorno y garantizar la disponibilidad de viviendas para residentes en condiciones dignas y a precios razonables, al mismo tiempo que no se ponen límites injustificados a esta actividad económica. En definitiva, todo un reto.

París y Amsterdam asfixian a las plataformas de alquiler vacacional entre particulares

Guerra abierta entre algunas de las ciudades europeas más importantes y las plataformas de alquiler vacacional entre particulares. En concreto, las últimas noticias hacen referencia a dos grandes capitales europeas: París y Amsterdam.

En el ayuntamiento de la capital francesa, donde Airbnb alardea de tener más de 50.000, los funcionarios del la concejalía de vivienda, liderada por el comunista Ian Bossat, están en pié de guerra contra las plataformas de alquiler entre particulares. En concreto, la concejalía ha abierto expediente y multado ya a 1.400 propietarios que se anuncian en este tipo de webs, pero el consistorio tiene puesto el foco en las empresas que permiten que se publiquen anuncios que consideran ilegales. Y es que desde que entró en vigor el nuevo reglamento sólo 10.000 propietarios han regularizado su situación. La ferocidad con la que París está tratando el alquiler entre particulares, limitando a 120 días al año la posibilidad de alquilar una vivienda sin que esta sea considerada una estructura empresarial y yendo directamente a por los propietarios, es sólo una muestra del estado de alarma que se ha instalado en algunos ayuntamientos europeos ante el descontrol que este modelo de negocio ha provocado en los grandes destinos turísticos, que por un lado ven como se masifican las zonas con más atractivos y por otro se le escapan cientos de millones de euros en negro.

Por su parte Amsterdam, una ciudad mucho más pequeña si se compara con París, sufre los efectos perversos de la proliferación descontrolada de pisos turísticos, que pasaron de 4.500 en 2013 a 22.000 en 2017 sin que prácticamente se hiciese nada al respecto. Como consecuencia, los alquileres de larga estancia se han disparado en la capital holandesa, y las limitaciones naturales de espacio para construir hacen presagiar que no se invierta esta tendencia en los próximos años. Para hacer frente a esta situación, el gobierno de la ciudad limitó hace unos meses a 60 días el tiempo que una vivienda particular podía ser alquilada a turistas, pero al parecer la medida no ha sido suficiente y por eso, hace unos días, redujeron este periodo a la mitad quedándose en 30 los días que un particular puede alquilar su vivienda sin que esta sea considerada un establecimiento hotelero.

 

 

 

 

 

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